Régimen de Asociación Público Privada

Las Asociaciones Público-Privadas (APP), como se establece en Ley 93, 2019 son “modalidades de vinculación de capital privado en las que se incorporan experiencias, conocimientos, equipos, tecnologías y capacidades técnicas y financieras, y se distribuyen riesgos y recursos, con el objetivo de crear, desarrollar, mejorar, operar y/o mantener la infraestructura pública para el suministro de los servicios públicos”. 

Con este nuevo régimen se espera el fortalecimiento y la coordinación de la inversión entre el sector público, privado y financiero, así como la dinamización de la economía a través de generación de empleos e infraestructura de calidad.

Según la ley de APP, se prevén dos tipos de proyectos de APP: autofinanciados y cofinanciados. Las autofinanciados, son proyectos en los que todos los costos se recuperan con los ingresos recibidos por el contratista a cargo de proporcionar la infraestructura o el servicio público, a través de la recaudación de tarifas, precios, peajes, tarifas o cargos cobrados directamente al usuario final. Las cofinanciados, son aquellos que, para la sostenibilidad económica del proyecto, requieren recursos financieros del Estado, en cualquiera de sus formas (ya sea a través de transferencias de dinero, garantías o ambas).

Los contratos APP tendrán un plazo máximo de 30 años, prorrogable hasta 10 años.  En cuanto a los montos de inversión, éstos no pueden ser inferiores a 15 millones de dólares (se exceptúan los proyectos que sean desarrollados por los municipios). Además, que los bancos estatales no podrán financiar más del 25 % de estos proyectos. 

Desde el punto de vista institucional, el programa contará con una Secretaría Nacional de la APP que tendrá la función de apoyo técnico y operativo, así como, llevar actividades de promoción y publicidad sobre el programa.  También se contará con un ente rector conformado por el Ministerio de la Presidencia, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Comercio e Industrias, Ministerio de Relaciones Exteriores y el Contralor General de la República, quienes definirán las áreas prioritarias para el desarrollo de proyectos, aprobarán y rechazarán solicitudes, entre otros. También se contará con un Comité Consultivo, que estará representado por miembros de la empresa privada de Panamá, miembros del sector académico y miembros de grupos organizados de trabajadores.

Para más detalle, descargue aquí la Ley 93.